#México requiere un Plan Estratégico de Combate a la Corrupción e Impunidad

  • Los casos de Iguala y Tlatlaya deben marcar un punto absoluto de no retorno en el destino del país – se requiere un Plan Estratégico de Combate a la Corrupción e Impunidad; de no tomarse las decisiones respectivas, las autoridades serían incompetentes, negligentes y cómplices.
  •  Los Tres Poderes de la Unión requieren actuar en forma inmediata en la presentación de iniciativas preferentes, la gestión del proceso legislativo y la publicación de declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos. El combate a la corrupción e impunidad necesariamente pasa por la transparencia y la rendición de cuentas.

MARCHA ANTI PRI

México vive una grave crisis de seguridad pública. Esta crisis es resultado de la corrupción y la impunidad. Si bien muchos mexicanos son ajenos a esta corrupción, como país nos hemos acostumbrado a aceptarla y convivir con ella, como si fuera algo en lo que no podemos influir.

No es distinto el empresario que abusa del sistema judicial para perpetuar monopolios y privilegios, del liderazgo magisterial que solo utiliza su poder político para lograr prebendas en olvido de los niños que deben educar. No hay diferencia entre el tendero que vende sin factura y el ambulante instalado frente a su tienda que no paga impuesto alguno. No hay diferencia entre el automovilista que se cuela a diario en la cola de la entrada al viaducto y el manifestante que cierra una vía principal para subrayar su reclamo. No hay diferencia entre la televisora que vende la cobertura de sus noticieros y los encapuchados que queman puertas.

No es distinto el agente de tránsito que acepta mordidas de automovilistas, del diputado que recibe moches por conseguir recursos a los municipios. No son distintas las prácticas de evasión fiscal de muchas empresas, de los reportes amañados de gastos de campaña de partidos políticos para evitar que los sancionen.

El problema tiene entonces su raíz en una corrupción e impunidad que ya no conoce límites. El problema institucional está presente en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno. Lo grave es que el país se ha acostumbrado gradualmente a vivir en la penumbra y la opacidad. Sin embargo, no aceptamos y no coincidimos en que la corrupción sea un tema cultural que no se puede vencer. Lo que es cierto es que la corrupción y la inseguridad han llegado ya a niveles inusitados aún para nuestro país. Estamos en una situación en la que la pérdida de libertades ha rebasado todo nivel de lógica.

El ver a autoridades involucradas en actos delincuenciales que lesionan la vida e integridad humana es atroz. Adicionalmente, el que las autoridades queden al margen de las zonas en que deben ejercer sus facultades y que esos espacios los ocupen otras personas manda una señal de un deterioro creciente y preocupante.Los muy lamentables eventos de Iguala y Tlatlaya deben ser el punto de quiebre y de no
retorno que se debe emprender en todos los niveles de gobierno para lograr una verdadera recomposición de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública.

El cambio lo deben marcar con el ejemplo el Presidente, los Gobernadores, los Senadores, los Diputados,
los integrantes del Poder Judicial, y en general todo servidor público. En otros países eventos traumáticos similares llegaron a reconvertir el destino de los mismos. México no puede ser ajeno a este poderoso llamado de atención. Cada quien debe poner de su parte para acabar las prácticas de eliminación del Estado de Derecho que hoy amenazan la viabilidad institucional del país.

El reclamo es claro y tiene un carácter urgente. El llamado es para que los titulares de los 3 poderes de la unión no fallen ante la cita histórica que tienen para salvaguardar el presente y el futuro del país. De no involucrarse y poner el ejemplo en todos los niveles estaríamos entonces en presencia de un claro reflejo de incompetencia, negligencia y complicidad. La sociedad civil y la ciudadanía en general no faltarán al momento del país, cuya reforma estructural más importante sigue pendiente: la reconversión en un país de leyes donde el Estado de Derecho sea una realidad, y no una excepción como es hoy en día. Este combate debe realizarse con inmediata atención porque cualquier demora puede agravar más la
situación y demostrar que aún no tocamos fondo.

Ante la situación que vivimos es necesario tener un Plan Estratégico de Combate a la Corrupción e Impunidad, mismo que tenga por ejes rectores los siguientes:

1. Transparencia total en la gestión de recursos públicos, a todos los niveles y en todos los poderes, incluyendo instituciones que reciban dinero por parte del Estado.
2. Rendición de cuentas en todas las materias de gestión pública. Incorporar un sentido claro de debida interacción con la ciudadanía y de acciones siempre a favor del bien común, en el entendido de que las faltas se deben sancionar en forma inmediata y con severidad.
3. Desburocratizar y facilitar todos los procesos de denuncia pública de hechos delictivos. El ciclo de impunidad que permea en todo el país en gran medida se explica ante las deficiencias estructurales que existen e inhiben que los ciudadanos podamos ir a denunciar con sencillez y seguridad a aportar datos que a su vez permitan a las autoridades realizar investigaciones solventes y con pleno apego legal.

4. Depurar las instituciones públicas y de procuración de justicia, fortaleciendo el funcionamiento de servidores públicos y policías que realmente entiendan su compromiso con la sociedad como primer frente de combate a la impunidad y la corrupción, y de prevención del delito.
5. Implementación plena del sistema penal acusatorio. Tenemos menos de 2 años para completar la transición y el retraso es monumental, sin que exista a la fecha un sentido visible de urgencia y planeación que pueda generar tranquilidad a la población. Para lograr estos temas le exigimos:
Al Presidente de la República:
Para tales efectos que de las dos iniciativas preferentes que tiene por año en los próximos tres
años dedique tres de ellas a atender los temas de: (a) combate sin límite a la corrupción; (b)
creación de reglas que impongan a todos los niveles de autoridad la rendición de cuentas y transparencia; y (c) el establecimiento de un nuevo orden policial que debe regir en todo el
país.

Al Congreso de la Unión:

Que antes del proceso electoral de 2015, se legisle para que todos los candidatos a puestos de elección popular se obliguen a publicar sus declaraciones patrimoniales y sus declaraciones de impuestos de los últimos 5 años, explicando claramente el origen de sus bienes e ingreso, y en el caso de existir donativos, que se describa con claridad el origen de éstos y que el SAT verifique que los impuestos aplicables se hayan pagado oportunamente.

Al Consejo de la Judicatura Federal:

Que aplique puntualmente la normatividad para sancionar a los funcionarios judiciales a quienes se demuestre que tienen activos de origen inexplicable. En lo que suceden todas las anteriores, se exige que todas las declaraciones patrimoniales de servidores públicos y sus declaraciones fiscales de los últimos 5 años se hagan públicas. Asimismo, a la clase empresarial y todos los que tenemos una actividad económica en el país, hay que exigir un pleno acatamiento de la ley y compromiso en no violentar sus obligaciones (incluídas las fiscales). Igualmente, para el caso de manifestantes refrendar su derecho a la
libre expresión, pero nunca hacerlo en forma de enmascarados u ocultando su identidad, y evidentemente siempre sin violencia pues el derecho constitucional está restringido a un ejercicio pacífico y respetuoso del derecho de terceros. Tampoco podemos dejar pasar el momento para solidarizarnos y reclamar una verdadera atención a los cientos de miles de víctimas que hoy existen y siguen creciendo a la luz de la ola
de violencia y atropellos, que son muchos más que los que se conocen de fechas recientes.

Ante todos ellos existe una deuda enorme que las autoridades han apostado al olvido cuando las heridas están abiertas. El perder la memoria no es una sana apuesta. No hay tiempo que perder. A grandes problemas, grandes soluciones. Lo importante es ya cambiar el destino actual del país que conlleva a violencia e impunidad, y optar por la vía que nos lleve a ser una nación de instituciones fuertes,  ciudadanos responsables y un pleno respeto a la ley.

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